La necesaria reforma estructural de la administración municipal de Córdoba
De nuevo ante el fin de un mandato en el municipio se vuelve a poner sobre el tapete el tema de los contratados y el reclamo del SUOEM para que pasen a planta permanente. Esta vez son aproximadamente 1600 casos.
La mayoría de quienes opinan sobre el tema lo hacen desde el punto de vista económico; es decir cuantos recursos dispondría la administración para obra pública o mejora de los servicios si no hubiera que pagar tanto en personal. Es una mirada puramente cuantitativa; y el problema es más complejo: se trata de la necesidad de producir una reforma estructural de la administración municipal que definitivamente la transforme en una organización eficaz y eficiente en el cumplimiento de su rol como proveedor de servicios a la comunidad, regulador, planificador y garante de los derechos sociales.
Y hay que empezar por el principio: ¿Cómo ingresa el personal a la municipalidad y por que motivos? La cuestión de los contratados nos refiere a varias situaciones a resolver sin posibilidad de soslayo para poder avanzar en la reforma administrativa: 1) el cumplimiento del Art. 18 de la carta orgánica de ingreso por concurso a la administración publica como forma de terminar con el clientelismo y del empleo como medio de pago de favores políticos 2) el respeto por la estabilidad del empleo publico, consagrado en todos los niveles constitucionales y que se viola con estas contrataciones 3) en la nueva jurisprudencia, y en esto tiene que ver la modificación de la corte suprema de justicia, se afirma la opinión de que este tipo de contratos es un fraude del Estado (ver numerosos fallos de la Cámara Nacional del trabajo desde hace 10 años a esta parte) y en consecuencia da derecho a litigar en su contra con las consecuencias económicas que pueden sobrevenir ante una andanada de juicios.
La contratación indiscriminada que se ha venido haciendo es contraria a la ley y violatoria de la Ordenanza 7244 (Estatuto del Personal de la Administración Publica Municipal) que prevé tanto en el caso de los contratados por el Art. 8º como en los llamados transitorios previstos en el art.9º de dicha norma, que son aquellos que prestan funciones en “…servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional….” o “…de carácter temporario, eventual o estacional…” y no para funciones o tareas habituales y permanentes. Para ello debe ingresar el personal a planta permanente por los mecanismos previstos: el concurso.
Por eso hay que decir las cosas como son, no se le puede atribuir al SUOEM, que cumple con su responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, el incremento de la planta; por el contrario hasta mediando la administración de Luis Juez, la organización gremial siempre se opuso férreamente al ingreso de personal: en aquel tiempo le exigía al intendente un tope de 7125 empleados. Fue la lógica clientelar de la política la que desbocó el ingreso de contratados de todo tipo; y si el poder sindical se impone sobre el derecho de los ciudadanos y obstaculiza la ejecución de políticas publicas, como dice el dicho: la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.
En síntesis: No se puede echar a los que tienen derechos adquiridos pero tampoco puede entrar una sola persona mas a la municipalidad y si se producen vacantes se deberá apelar al concurso abierto. Pero antes se deberá reorganizar la planta, reubicando el personal, poniendo en marcha dos turnos de trabajo eliminando las prolongaciones de jornada y aumentando la cantidad de inspectores; reformar la carrera administrativa para que se ascienda por capacitación y mérito y se asuman mayores responsabilidades y reordenar el sector de personal jerárquico cubriendo por concurso los cargos necesarios.
Una reforma administrativa es necesario pensarla como un proceso de varios años y que va más allá de una gestión pero hay que iniciarlo ya, no se puede esperar más; tiene que ser una política de Estado que se base en un proceso de mejora continua. Este proceso debe partir de un diagnóstico consensuado, de una planificación – el Plan Director avanza en ese sentido - que concluya en la implementación de políticas públicas que guíen la tarea operativa de las distintas reparticiones y que permita superar el funcionamiento inercial de hoy. En ese marco hay que rediseñar la organización municipal en función de los distintos procesos que se ejecutan, que deben concluir en una respuesta rápida y de calidad ante las demandas y requerimientos de los ciudadanos y de la ciudad. Hay que justificar la existencia de determinadas áreas y puestos de trabajo y asumir en serio la capacitación y entrenamiento del personal en forma permanente apuntando a un cambio de fondo de la cultura administrativa. Desde ya que eso requiere una postura inflexible frente a la corrupción, empezando por el propio gobierno que no debe asumir con el compromiso de devolver favores políticos a los que financiaron sus campañas. De darse esas condiciones, mas el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad laboral y el equipamiento adecuado de las reparticiones, la inmensa mayoría de los empleados municipales serían excelentes servidores públicos y brindarían servicios de calidad a los ciudadanos.
Por último hay que decir que nadie hoy puede afirmar con fundamentos cuantos empleados requiere nuestra administración. Hay servicios como los de salud, educación y en general los operativos, que requieren mano de obra intensiva y Córdoba ha crecido poco poblacionalmente en los últimos 10 años, pero el parque automotor creció un 67%, la construcción casi un 200 %, se extendió sin ningún tipo de plantificación, etc.
Por eso, el pase a planta permanente no es el problema, es un síntoma de una patología mucho más grave.
La mayoría de quienes opinan sobre el tema lo hacen desde el punto de vista económico; es decir cuantos recursos dispondría la administración para obra pública o mejora de los servicios si no hubiera que pagar tanto en personal. Es una mirada puramente cuantitativa; y el problema es más complejo: se trata de la necesidad de producir una reforma estructural de la administración municipal que definitivamente la transforme en una organización eficaz y eficiente en el cumplimiento de su rol como proveedor de servicios a la comunidad, regulador, planificador y garante de los derechos sociales.
Y hay que empezar por el principio: ¿Cómo ingresa el personal a la municipalidad y por que motivos? La cuestión de los contratados nos refiere a varias situaciones a resolver sin posibilidad de soslayo para poder avanzar en la reforma administrativa: 1) el cumplimiento del Art. 18 de la carta orgánica de ingreso por concurso a la administración publica como forma de terminar con el clientelismo y del empleo como medio de pago de favores políticos 2) el respeto por la estabilidad del empleo publico, consagrado en todos los niveles constitucionales y que se viola con estas contrataciones 3) en la nueva jurisprudencia, y en esto tiene que ver la modificación de la corte suprema de justicia, se afirma la opinión de que este tipo de contratos es un fraude del Estado (ver numerosos fallos de la Cámara Nacional del trabajo desde hace 10 años a esta parte) y en consecuencia da derecho a litigar en su contra con las consecuencias económicas que pueden sobrevenir ante una andanada de juicios.
La contratación indiscriminada que se ha venido haciendo es contraria a la ley y violatoria de la Ordenanza 7244 (Estatuto del Personal de la Administración Publica Municipal) que prevé tanto en el caso de los contratados por el Art. 8º como en los llamados transitorios previstos en el art.9º de dicha norma, que son aquellos que prestan funciones en “…servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional….” o “…de carácter temporario, eventual o estacional…” y no para funciones o tareas habituales y permanentes. Para ello debe ingresar el personal a planta permanente por los mecanismos previstos: el concurso.
Por eso hay que decir las cosas como son, no se le puede atribuir al SUOEM, que cumple con su responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, el incremento de la planta; por el contrario hasta mediando la administración de Luis Juez, la organización gremial siempre se opuso férreamente al ingreso de personal: en aquel tiempo le exigía al intendente un tope de 7125 empleados. Fue la lógica clientelar de la política la que desbocó el ingreso de contratados de todo tipo; y si el poder sindical se impone sobre el derecho de los ciudadanos y obstaculiza la ejecución de políticas publicas, como dice el dicho: la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.
En síntesis: No se puede echar a los que tienen derechos adquiridos pero tampoco puede entrar una sola persona mas a la municipalidad y si se producen vacantes se deberá apelar al concurso abierto. Pero antes se deberá reorganizar la planta, reubicando el personal, poniendo en marcha dos turnos de trabajo eliminando las prolongaciones de jornada y aumentando la cantidad de inspectores; reformar la carrera administrativa para que se ascienda por capacitación y mérito y se asuman mayores responsabilidades y reordenar el sector de personal jerárquico cubriendo por concurso los cargos necesarios.
Una reforma administrativa es necesario pensarla como un proceso de varios años y que va más allá de una gestión pero hay que iniciarlo ya, no se puede esperar más; tiene que ser una política de Estado que se base en un proceso de mejora continua. Este proceso debe partir de un diagnóstico consensuado, de una planificación – el Plan Director avanza en ese sentido - que concluya en la implementación de políticas públicas que guíen la tarea operativa de las distintas reparticiones y que permita superar el funcionamiento inercial de hoy. En ese marco hay que rediseñar la organización municipal en función de los distintos procesos que se ejecutan, que deben concluir en una respuesta rápida y de calidad ante las demandas y requerimientos de los ciudadanos y de la ciudad. Hay que justificar la existencia de determinadas áreas y puestos de trabajo y asumir en serio la capacitación y entrenamiento del personal en forma permanente apuntando a un cambio de fondo de la cultura administrativa. Desde ya que eso requiere una postura inflexible frente a la corrupción, empezando por el propio gobierno que no debe asumir con el compromiso de devolver favores políticos a los que financiaron sus campañas. De darse esas condiciones, mas el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad laboral y el equipamiento adecuado de las reparticiones, la inmensa mayoría de los empleados municipales serían excelentes servidores públicos y brindarían servicios de calidad a los ciudadanos.
Por último hay que decir que nadie hoy puede afirmar con fundamentos cuantos empleados requiere nuestra administración. Hay servicios como los de salud, educación y en general los operativos, que requieren mano de obra intensiva y Córdoba ha crecido poco poblacionalmente en los últimos 10 años, pero el parque automotor creció un 67%, la construcción casi un 200 %, se extendió sin ningún tipo de plantificación, etc.
Por eso, el pase a planta permanente no es el problema, es un síntoma de una patología mucho más grave.
Alberto Hernández
Comentarios
Desde 1913 Estados Unidos ya no es un país capitalista. En ese año y aprovechando un receso legislativo, los Morgan, Rockefeller, Pulitzer y Rothchild engendraron la Fed, el mayor enemigo de la libertad y la ética en los EEUU. Para ironía del destino, el encuentro fue en la Isla de Jekyll. Antes de eso, el bando Jeffersoniano había resistido tajantemente los avances de los Hamiltonianos hacia la consolidación de un Estado central poderoso, subsidios para los ricos y devaluaciones para favorecer a los exportadores. Pero en ese año, el sistema de socialismo monetario logró status legal. En vez de corridas ("pánicos" bancarios) cada 30 años promedio, con el sistema de free banking, ahora el riesgo moral se distribuía a todo el sistema, se alentaban los préstamos de baja calidad y sobre todo se saqueaba a las grandes mayorías via inflación. La Gran Depresión fue su primer resultado, pues el M2 (circulante + depósitos y ahorros en el sistema) fue artificialmente aumentado por la Fed durante los irresponsables 1920's. A ese boom artificial le correspondía una quiebra masiva de inversiones sin ahorro real previo para financiarlas. Y para colmo, Hoover y Roosevelt no dejaron al mercado liquidar esas malas inversiones, sino que corrieron a intervenirlo (más Estado, menos mercado) para provocar que durara finalmente toda la década de los 1930's. La actual crisis tiene sus raices en la Fed y el afán voluntarista de "masificar la vivienda" por vias nada éticas. Baste saber que un centavo de 1913 compra ahora lo mismo que un dólar, un 99% de su valor perdido a costa de las clases medias. Esto financia booms artificiales de las punto-com, de la vivienda, invasiones a Irak y salvatajes a aerolíneas, bancos y corporaciones con suficiente peso político.
En 1913 también, el mismo grupo de magnates hizo aprobar el Impuesto a la Renta, que los tontos utiles siempre han creido una medida redistributiva. En realidad sí redistribuye: le quita a la gente emprendedora o profesional que lo quiere ser, para darles a las élites financieras de todos los paises que lucran de préstamos al gobierno y otros medios fiduciarios. El que dude de esto, sólo tiene que averiguar cuánto de cada dólar llega al supuesto beneficiario de todo lo "gratis" que nos ofrece el Estado. En las ONGs más efectivas se habla de tal vez $10 usd por cada $100 recibidos de donaciones, según un estudio multisectorial para la ONU, del 2006. ¿Cuánto logrará en eficiencia el Estado? Probablemente más, por temas de infraestructura y logística, pero no mucho más. El resto le da trabajo a toda una casta burocrática intocable. Entonces la redistribución es de los muchos sin conexiones, a los pocos bien conectados y apalancados en el sistema. Y a pesar de este retorno del feudalismo via impuestos (recordemos que el medioevo, la servidumbre se definía por un 30% de impuesto al señor feudal), en los últimos 25 años salió más gente de la pobreza en el planeta que en los últimos 400 años. La distribución del mercado masifica calidad de vida, la redistribución estatal corrompe a las sociedades de múltiples maneras.
Si 1913 marcó el inicio de dos instituciones totalmente anticapitalistas como son la banca central y el impuesto a la renta. Hasta no ser eliminadas, no se puede hablar de capitalismo ni culparle por crisis como la actual. El capitalismo puede parecerle a ud. más o menos bueno o malo, pero no se le debe culpar de lo que no maneja. Desde el golpe de Estado (y nos siguen golpeando bajo), los culpables son un puñado de plutócratas y los tontos útiles que venden su alma por una falsa estabilidad y una contraproducente redistribución en nombre de la justicial social.