martes, julio 26, 2011
No hay razón para vivir
miércoles, julio 06, 2011
Relaciones virtuales
jueves, febrero 24, 2011
La necesaria reforma estructural de la administración municipal de Córdoba

La mayoría de quienes opinan sobre el tema lo hacen desde el punto de vista económico; es decir cuantos recursos dispondría la administración para obra pública o mejora de los servicios si no hubiera que pagar tanto en personal. Es una mirada puramente cuantitativa; y el problema es más complejo: se trata de la necesidad de producir una reforma estructural de la administración municipal que definitivamente la transforme en una organización eficaz y eficiente en el cumplimiento de su rol como proveedor de servicios a la comunidad, regulador, planificador y garante de los derechos sociales.
Y hay que empezar por el principio: ¿Cómo ingresa el personal a la municipalidad y por que motivos? La cuestión de los contratados nos refiere a varias situaciones a resolver sin posibilidad de soslayo para poder avanzar en la reforma administrativa: 1) el cumplimiento del Art. 18 de la carta orgánica de ingreso por concurso a la administración publica como forma de terminar con el clientelismo y del empleo como medio de pago de favores políticos 2) el respeto por la estabilidad del empleo publico, consagrado en todos los niveles constitucionales y que se viola con estas contrataciones 3) en la nueva jurisprudencia, y en esto tiene que ver la modificación de la corte suprema de justicia, se afirma la opinión de que este tipo de contratos es un fraude del Estado (ver numerosos fallos de la Cámara Nacional del trabajo desde hace 10 años a esta parte) y en consecuencia da derecho a litigar en su contra con las consecuencias económicas que pueden sobrevenir ante una andanada de juicios.
La contratación indiscriminada que se ha venido haciendo es contraria a la ley y violatoria de la Ordenanza 7244 (Estatuto del Personal de la Administración Publica Municipal) que prevé tanto en el caso de los contratados por el Art. 8º como en los llamados transitorios previstos en el art.9º de dicha norma, que son aquellos que prestan funciones en “…servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional….” o “…de carácter temporario, eventual o estacional…” y no para funciones o tareas habituales y permanentes. Para ello debe ingresar el personal a planta permanente por los mecanismos previstos: el concurso.
Por eso hay que decir las cosas como son, no se le puede atribuir al SUOEM, que cumple con su responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, el incremento de la planta; por el contrario hasta mediando la administración de Luis Juez, la organización gremial siempre se opuso férreamente al ingreso de personal: en aquel tiempo le exigía al intendente un tope de 7125 empleados. Fue la lógica clientelar de la política la que desbocó el ingreso de contratados de todo tipo; y si el poder sindical se impone sobre el derecho de los ciudadanos y obstaculiza la ejecución de políticas publicas, como dice el dicho: la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.
En síntesis: No se puede echar a los que tienen derechos adquiridos pero tampoco puede entrar una sola persona mas a la municipalidad y si se producen vacantes se deberá apelar al concurso abierto. Pero antes se deberá reorganizar la planta, reubicando el personal, poniendo en marcha dos turnos de trabajo eliminando las prolongaciones de jornada y aumentando la cantidad de inspectores; reformar la carrera administrativa para que se ascienda por capacitación y mérito y se asuman mayores responsabilidades y reordenar el sector de personal jerárquico cubriendo por concurso los cargos necesarios.
Una reforma administrativa es necesario pensarla como un proceso de varios años y que va más allá de una gestión pero hay que iniciarlo ya, no se puede esperar más; tiene que ser una política de Estado que se base en un proceso de mejora continua. Este proceso debe partir de un diagnóstico consensuado, de una planificación – el Plan Director avanza en ese sentido - que concluya en la implementación de políticas públicas que guíen la tarea operativa de las distintas reparticiones y que permita superar el funcionamiento inercial de hoy. En ese marco hay que rediseñar la organización municipal en función de los distintos procesos que se ejecutan, que deben concluir en una respuesta rápida y de calidad ante las demandas y requerimientos de los ciudadanos y de la ciudad. Hay que justificar la existencia de determinadas áreas y puestos de trabajo y asumir en serio la capacitación y entrenamiento del personal en forma permanente apuntando a un cambio de fondo de la cultura administrativa. Desde ya que eso requiere una postura inflexible frente a la corrupción, empezando por el propio gobierno que no debe asumir con el compromiso de devolver favores políticos a los que financiaron sus campañas. De darse esas condiciones, mas el cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad laboral y el equipamiento adecuado de las reparticiones, la inmensa mayoría de los empleados municipales serían excelentes servidores públicos y brindarían servicios de calidad a los ciudadanos.
Por último hay que decir que nadie hoy puede afirmar con fundamentos cuantos empleados requiere nuestra administración. Hay servicios como los de salud, educación y en general los operativos, que requieren mano de obra intensiva y Córdoba ha crecido poco poblacionalmente en los últimos 10 años, pero el parque automotor creció un 67%, la construcción casi un 200 %, se extendió sin ningún tipo de plantificación, etc.
Por eso, el pase a planta permanente no es el problema, es un síntoma de una patología mucho más grave.
El reclamo de la Villa El Libertador y la planificación de la ciudad

miércoles, febrero 02, 2011
Nada como un quesito y un varietal cosecha 2006
Gringotilo
domingo, enero 30, 2011
La inseguridad y el apocalipsis que instalan los grandes medios opositores
Horacio Verbitsky
Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 2008. Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen.
La Argentina tiene una de las menores tasas de homicidios de América.
Pero la percepción de inseguridad es la segunda entre 26 países.
Alberto Hernández
jueves, enero 27, 2011
La carrera politica y los millones necesarios
Temas que nadie toca en campaña
Evidentemente estamos viviendo un enero políticamente tan caliente como la temperatura veraniega. Se han anticipado los movimientos electorales y empiezan a aparecer los afiches de todos los que pretenden ser candidatos a algo. Para la presidencia y para la gobernación son pocos ( al menos en Córdoba) y más o menos previsibles. En cambio para la intendencia de nuestra ciudad abundamos. Algunos dicen que aspiran a ese cargo pero todos sabemos que es para negociar una concejalía u otro lugar en las listas; otros directamente instalan su nombre para lo que venga. Casi todos esperan que el dedo decisorio o los arreglos que se hagan tengan en cuenta esas pretensiones. Es parte de la lógica de la política de los últimos años.
Dentro de esa lógica, que empobrece aun mas esta democracia (que, aunque así, menos mal que la tenemos), es la necesidad de contar con aparatos millonarios.
Las reformas a las leyes electorales en el orden nacional y provincial han sido mezquinas y en muchos aspectos mas restrictivas que antes a la ampliación de la participación electoral. En lo que hace al financiamiento de las campañas, si bien la ley provincial 9571/08, de aplicación supletoria en las elecciones municipales, limita sustancialmente los aportes de particulares y prohíbe el anonimato – lo que es muy bueno – sigue favoreciendo a los partidos tradicionales al distribuir solo un 30 % de los espacios electorales en forma igualitaria. El otro 70% se distribuye proporcionalmente a los votos obtenidos por cada fuerza y si fuera nueva obviamente que no le toca nada de ese porcentaje. Los aportes privados en las campaña son fuentes de corrupción porque hay miles de forma de evadir su control y generalmente se superan los limites impuestos por la ley y se oculta su origen. Estos aportes generan compromisos que después se devuelven con favores estatales o tienta a los funcionarios a “hacer caja” desde el estado para armar aparatos políticos millonarios que les permita seguir compitiendo con éxito en la carrera política.
El derecho de cualquier ciudadano común a ser elegido para un cargo publico si se siente capaz, formado y con ideas, es una utopía y más en estos tiempos donde la imagen y los gestos captan mas votos que las ideas y las propuestas. El candidato es un producto comercial más al que hay que vender con una buena estrategia publicitaria y eso cada vez cuesta más. Por eso también en general los que gobiernan – salvo honrosas y valiosas excepciones pasadas y actuales - terminan siendo administradores de los intereses de los que mas tienen y a los que no quieren enfrentar.
Las campañas electorales deberían ser totalmente financiadas por el Estado y que todos puedan tener las mismas oportunidades de poner a consideración de la ciudadanía sus ideas y planes de gobierno, lo que seria mucho mas transparente y también una forma de incentivar a los electores a profundizar el conocimiento de las propuestas.
Cada candidato aspira a “armar” su aparato partidario y no desprecia ningún medio. O es millonario o se corrompe por sostener su carrera política – insisto en que hay y hubo saludables excepciones, pero éstas confirman la regla. Ese es otro de los problemas de esta democracia. La ambición por ascender en el escalafón político hace que en muchos casos utilicen el cargo para el que han sido elegidos, no para solucionar problemas del pueblo, sino como trampolín para acceder al que sigue. Por eso tampoco se planifica a largo plazo, sino que se gestiona a los efectos de que al fin del mandato se puedan mostrar obras que den votos. No se hace lo importante sino lo que electoralmente conviene.
En mi caso solo aspiro solo a ser intendente y si fuera posible por dos períodos, ya que hay políticas públicas que no obtienen resultados dentro del limitado tiempo de una gestión. Después, si hice las cosas bien habrá quien pueda seguir con esas políticas y yo me retiraré satisfecho a militar desde el llano.
Mi trajinar en bicicleta por los barrios de Córdoba con esa pretensión, además de promocionar su uso como medio de transporte saludable y no contaminante, intenta reivindicar el derecho de cualquier ciudadano que se sienta capaz y que tenga ideas, de tener la posibilidad de ser conocido, de ser reflejado por los medios y conocidas sus propuestas por los ciudadanos. Si llego a la intendencia pondré en marcha políticas para una administración y una ciudad de los próximos veinte años. Una de esas medidas será la de aprobar un sistema electoral municipal que permita la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Alberto Hernández
sábado, enero 08, 2011
La Casa de las Tejas y el derecho a la ciudad

Los aspectos particulares: ¿Por qué tanto apuro en mudarse? Cuando uno esta haciendo su casa nueva, no deja la vieja hasta que aquella no esté concluida. Eso es sentido común. Lógica pura. Y si decide tener una residencia provisora y afrontar los gastos – alquileres mudanza adicional, etc - , en el caso de un particular es su problema, pero en el caso de un gobierno, tiene que haber razones más poderosas que la especulación electoral de inaugurar obras este año para justificar un gasto extra de los dineros públicos. Los millones que dicen que gastarán en este movimiento provisorio podrían ser la razón de una demanda ciudadana por violación de los deberes de funcionario público -si es que no hubiera una figura penal más onerosa -, ya que un gobernante debe ser austero en su administración.
Otro aspecto particular es el valor patrimonial de la construcción que se quiere demoler. El inmueble se encuentra dentro del catálogo que crea la ordenanza 11.190 como de baja categoría, esto es que “solo” tiene, de acuerdo a su artículo 7, inciso 4 “valor social, de identidad”. Sobre el valor arquitectónico, urbanistas y arquitectos no se ponen de acuerdo, como tampoco – y es la otra cuestión - sobre la obra que se hará en su lugar. En cambio los vecinos de Nueva Córdoba y de otras partes de la ciudad sí están de acuerdo en que, lo que es despreciable para los gobiernos provincial y municipal, su valor social y de identidad, es lo más importante a defender y por eso se han movilizado.
Y he aquí la cuestión de fondo: la planificación de la ciudad de Córdoba; la ciudad donde nacemos, crecemos, construimos nuestra vida y donde queremos ser felices.
La decisión tomada sobre algo que nos pertenece a todos, como la Casa de las Tejas con su historia; como cambiarle el nombre a la Av. de Circunvalación destituyendo a un icono de Córdoba como Agustín Tosco o la proliferación de emprendimientos inmobiliarios que han saturado la red cloacal llenando de olores fétidos numerosos barrios; los guetos para ricos que crecen como hongos, mientras otros ciudadanos deben ocupar terrenos persiguiendo el sueño de una vivienda digna; todo eso responde a una concepción del desarrollo urbano autoritaria, tal como es la lógica despiadada del capital. La ciudad crece al ritmo de los negocios inmobiliarios, de las decisiones burocráticas o la especulación electoral de los funcionarios de turno; camina hacia la fragmentación y el caos, hacia su destrucción como comunidad que armoniza e integra la diversidad.
Es imprescindible producir un cambio drástico y poner fin a esta concepción neoliberal que pone al capital por encima del ser humano y poner en marcha una reforma urbana democrática que integre a todos los cordobeses como ciudadanos activos, no solo en su carácter de destinatarios de las políticas públicas, sino como hacedores y diseñadores de la ciudad en la que quieren vivir y ser felices. Una reforma que humanice la ciudad; que integre, sobre todo a los que la construyen diariamente y no gozan de sus beneficios; la gente debe tener espacios de participación y debe poder decidir sobre su rumbo, sobre las cuestiones que definen su identidad y su bienestar. Hay que devolver a la gente, a los ciudadanos, el derecho a la ciudad.
David Harvey, célebre geógrafo y teórico social británico, decía que “el derecho a la ciudad no es simplemente un derecho de acceso a lo que los especuladores inmobiliarios y los planificadores estatales definen, sino un activo derecho de hacer la ciudad diferente, para darle forma más acorde con nuestro deseo del corazón, y volver a hacernos de ese modo, en una imagen diferente”.
Pues, entonces los vecinos, en la medida en que su derecho a la ciudad no lo garantizan las instituciones, lo defienden en la calle y está bien.
Alberto Hernández


